Marzo de 2023 será recordado como el mes en que la guerra del régimen de Nicaragua contra la Iglesia Católica se radicalizó. Durante años, incluso cuando el régimen brutal de Daniel Ortega y Rosario Murillo tomaba medidas cada vez más drásticas para perseguir a sacerdotes y someter a fieles, el Papa y sus representantes buscaron minimizar el conflicto y adaptarse al régimen. Pese a esto, la sentencia contra Monseñor Rolando Álvarez a 26 años de presión fue la gota que derramó el vaso.
Incapaz de permanecer callado por más tiempo, el 10 de marzo el Papa Francisco concedió una extraordinaria entrevista en la que condenó públicamente al régimen como “hitleriano”, llamando a sus líderes mentalmente inestables y groseros. El Sumo Pontífice también se pronunció en favor de la liberación del Obispo Álvarez, quien se negó a aceptar el exilio forzado con más de 220 presos políticos, ahora desterrados de Nicaragua, despojados de sus pertenencias y su ciudadanía.
La respuesta de la dictadura de Ortega fue rápida e intransigente. El régimen cerró la misión diplomática de Nicaragua en el Vaticano y exigió a la Santa Sede reciprocidad. Es un punto de inflexión histórico; la última vez que una nación latinoamericana rompió relaciones con el Vaticano fue en 1861. Ni las dictaduras de Cuba o Venezuela han dado un paso tan radical.
La presión se ha estado acumulando desde 2018, cuando las protestas cívicas contra el régimen fueron reprimidas violentamente. Cientos fueron asesinados por las fuerzas de seguridad que tenían órdenes de disparar a matar. A medida que las diferentes instituciones nacionales fueron cooptadas o capturadas directamente por el régimen de Ortega-Murillo, la iglesia permaneció firme e independiente, pese a la intensificación de la campaña de intimidación.
En marzo de 2022, la expulsión del Nuncio Apostólico Waldemar Sommertag, el Embajador del Papa, desató una nueva fase de acciones policiales y paramilitares contra líderes eclesiásticos, laicos, feligreses e incluso contra sus templos. Hasta finales de 2022 fueron documentados cerca de 400 actos violentos contra la iglesia.
En Nicaragua, una nación altamente religiosa, la situación está llegando al nivel de lo absurdo. A medida que se acerca la Semana Santa, que junto con la Navidad es una de las fechas más importante en el calendario litúrgico católico, el régimen de Ortega-Murillo ha prohibido las tradicionales y apolíticas procesiones de Cuaresma, que marcan públicamente esta temporada. Estas celebraciones jamás habían sido ilegalizadas. Hasta ahora.
Pero esto es, en última instancia, un enfoque contraproducente. Más que atacar a la jerarquía católica, como pretende el régimen, prohibir la manifestación de la fe es realmente un ataque a todos los creyentes nicaragüenses, incluidos los evangélicos protestantes, que durante años han ido ganando terreno en Centroamérica. Ortega camina sobre la cuerda floja; otros dictadores han permitido expresiones de fe para apaciguar las preocupaciones sociales y políticas. Incluso la mayoría de los sandinistas no parecen estar muy contentos con estas últimas maniobras.
La dictadura está cada vez más aislada, sus ataques la ponen en compañía de países como China y Corea del Norte. Incluso sus compañeros dictadores de América Latina no están dispuestos a unirse a Ortega y Murillo en su cruzada equivocada contra el primer Papa latinoamericano. La valoración de numerosos observadores es que el régimen está cada vez más fuera de control. El Congreso de los Estados Unidos está organizando audiencias para abordar esta preocupante situación.
Mientras tanto, un Ortega aislado y enfurecido, sigue reprimiendo a sus adversarios, aumentando dramáticamente el riesgo de aquellos encarcelados, incluido el Obispo Álvarez. Monseñor Silvio Báez, Obispo Auxiliar de Managua en el exilio, lo ha expresado así: “Temo que la dictadura se ensañe más contra él (Monseñor Álvarez). Ruego a la comunidad internacional que presione más al régimen exigiendo que lo libere de inmediato”. La presión internacional significativa, sostenida y coordinada, es esencial para frenar los abusos del régimen.
¿Qué hay que hacer? Varias cosas, incluyendo una campaña de rechazo internacional a la persecución de los creyentes nicaragüenses, liderada por organismos humanitarios como Naciones Unidas, Cruz Roja y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Curiosamente, Nicaragua mantiene privilegios de libre comercio con los Estados Unidos y otros países en América Central, incluida la República Dominicana. Bajo ninguna circunstancia Washington debería considerar extender los privilegios comerciales del CAFTA a una dictadura como la de Ortega y no hay razón por la que Managua siga cosechando los beneficios de este acuerdo, sin haber dado antes señales claras de retornar a la senda de la democracia.
El régimen también disfruta de acceso al sistema financiero mundial, incluidos préstamos en condiciones favorables de instituciones como el Banco Mundial, el FMI y el Banco Interamericano de Desarrollo. Lo más escandaloso es que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), sigue ofreciendo un significativo financiamiento a la economía nicaragüense, fondos que el régimen utiliza para mejorar su posicionamiento y recrudecer el control social.
Estados Unidos no es miembro del BCIE, pero ha brindado, a través de la Corporación Financiera de Desarrollo y otros vehículos, un apoyo significativo que el banco utiliza para proyectos regionales bajo el actual presidente, Dante Mossi. Taiwán es un financiador aún más grande de esta institución, una situación cada vez más insostenible ya que un país centroamericano tras otro ha cambiado el reconocimiento de Taipéi por Beijing.
En resumen. El dinero es fungible. El régimen de Nicaragua se ha radicalizado. Ya es hora de considerar un camino diferente.
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